WASHINGTON (OSV News) — Cuando el Título 42 se acercaba a su fecha prevista de expiración el 11 de mayo, los defensores católicos de la inmigración pidieron una política pública migratoria que reconozca la humanidad de los migrantes y solicitantes de asilo.
El Título 42 es una parte de la ley federal de salud pública de EE.UU. que otorga al gobierno federal cierta autoridad para aplicar medidas de emergencia para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas mediante la prohibición de entrada a algunos migrantes. Estaba previsto que expirara junto con el final de la emergencia de salud pública federal del COVID-19 declarada en 2020.
“En los próximos días, a medida que se implementen nuevas políticas y se desarrolle el panorama posterior al Título 42, CLINIC continuará repitiendo las palabras del Papa Francisco: somos ‘hermanos y hermanas todos'”, dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, conocida como CLINIC (Catholic Legal Immigration Network).
“Los hombres, mujeres y niños que llegan a nuestras fronteras están hechos a imagen y semejanza de Dios, con igual e intocable dignidad. Sabemos esto basándonos en nuestra fe”, dijo Gallagher. “Seguiremos rezando y hablando a favor de políticas de migración que respeten esa verdad, incluido el derecho a buscar asilo de forma libre, justa y segura”.
Heidi Cerneka, de los Misioneros Laicos Maryknoll, que –junto con otras entidades de los Misioneros Maryknoll — atiende a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo en un comunicado que “la reciente política de asilo propuesta por la Administración sólo busca reducir el número de personas en nuestra frontera”.
“No se ocupa de las personas que han huido de la persecución en sus países de origen, ni considera nuestra obligación de protegerlos”, dijo Cerneka en una declaración del 11 de mayo de la Oficina de Maryknoll para Preocupaciones Globales. “Como ciudadanos de los Estados Unidos, como ciudadanos del mundo, y como personas de fe que defienden la dignidad humana y el carácter sagrado de cada persona, debemos hacer preguntas críticas y mantener a los migrantes, la justicia y la vida en el centro de todo lo que hacemos”.
En un mensaje publicado en Twitter a finales del 10 de mayo, el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del comité de migración de los obispos de EE.UU., instó a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a acoger a los migrantes que llegan al país con el fin del Título 42 como parientes lejanos.
“Imagina que unos familiares lejanos aparecen a tu puerta. ¿Qué harían ustedes?”, preguntó. “Todos formamos parte de la familia humana y los inmigrantes que están llegando a la puerta de nuestro país en este momento son nuestros hermanos y hermanas perdidos”.
“Este es el momento El Paso para que estemos a la altura de bienvenida y hospitalidad”, continuó en el mensaje, que fue distribuido en español e inglés en la página web de la diócesis.
“Ahora mismo, nuestra familia diocesana está abriendo cuatro albergues parroquiales y, con su ayuda, estamos a punto de abrir otro. Todas nuestras parroquias y sacerdotes están trabajando para apoyar el esfuerzo: preparando comida, trabajando como voluntarios y rezando por los recién llegados entre nosotros. Las próximas semanas pueden ser difíciles, pero no estamos solos. El Señor está a nuestro lado”.
El entonces presidente Donald Trump implementó el Título 42 en 2020 al inicio de la pandemia, pero la política fue vista como parte de los intentos más amplios de su administración para reducir la migración. Prohibir a los migrantes en la frontera sur ingresar a los Estados Unidos bajo el Título 42 fue criticado por algunos expertos en salud pública, que argumentaron que la política tenía motivaciones políticas en lugar de mitigar el virus con medidas basadas en evidencias.
Desde su aplicación en 2020, el Título 42 se ha invocado más de 2,7 millones de veces para expulsar a migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Las nuevas normas emitidas por la administración Biden presumirán que las personas no son elegibles para el asilo en la mayoría de los casos si cruzan la frontera ilegalmente o no solicitan primero un puerto seguro en otra nación, similar a una política de la era Trump apodada la “prohibición de tránsito”. Se pedirá a los migrantes que utilicen una aplicación, CBP One, para solicitar asilo, y algunos defensores de la migración han planteado preocupaciones sobre la privacidad de los datos y si la aplicación es accesible para los migrantes y los solicitantes de asilo. La administración también ampliará los procesos de expulsión acelerada en virtud del Título 8, que forma parte del código estadounidense que aborda la ley de inmigración.
En una rueda de prensa celebrada el 11 de mayo en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a los periodistas que “la transición al procesamiento del Título 8 será rápida e inmediata”.
“Tenemos una visión clara de los retos a los que probablemente nos enfrentaremos en los próximos días y semanas”, dijo. “Preparados”.
Los legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación por que el fin del Título 42 provoque un aumento de las personas que buscan entrar en Estados Unidos por la frontera entre Estados Unidos y México. Pero el gobierno de Biden criticó al Congreso por no enviar una nueva legislación de inmigración al escritorio del presidente.
Mayorkas dijo que “nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso haya dejado un sistema de inmigración roto y anticuado durante más de dos décadas… a pesar del acuerdo unánime de que necesitamos desesperadamente una reforma legislativa”.
El 11 de mayo, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una ley de inmigración condenada por los obispos estadounidenses. HR 2, la Ley para Asegurar la Frontera de 2023, codificaría muchas de las políticas de inmigración de Trump, incluida la llamada política de “Permanecer en México” que requiere que los migrantes permanezcan en México mientras apelan sus casos en los Estados Unidos. No se espera que el paquete sea considerado por el Senado, que está en control demócrata.
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