Nuevamente, un juez federal declaró ilegal una versión modificada de un programa que ofrece protección contra la deportación a ciertos inmigrantes traídos al país cuando eran niños. El programa ha estado en vigor durante más de una década y tiene cerca de 600.000 beneficiarios.
En su fallo del 13 de septiembre, el juez Andrew Hanen, de la Corte de Distrito de Estados Unidos con sede en Texas, consideró que, a pesar de que la administración del presidente Joe Biden ha tomado medidas para reforzar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), persisten las deficiencias que le llevaron a declarar ilegal DACA en 2021.
“Aunque comprende el predicamento por el que pasan los beneficiarios del DACA y sus familias, desde hace algún tiempo esta Corte ha manifestado su preocupación por la legalidad del programa”, escribió Hanen. “La solución a estas deficiencias estriba en el poder legislativo, no en los poderes ejecutivo ni judicial”.
Implementado por primera vez en 2012, el programa DACA permite a ciertas personas indocumentadas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños — comúnmente conocidos como “dreamers” — estar protegidos de la deportación y ser elegibles para solicitar autorización de trabajo.
Según los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. publicados a finales de marzo, la población actual de DACA incluía alrededor de 579.000 beneficiarios. Los beneficiarios de DACA deben solicitar su renovación cada dos años.
Con su decisión, Hanen bloqueó las nuevas inscripciones al programa, pero dijo que la orden no afecta a los beneficiarios inscritos en el programa antes del fallo del juez de 2021.
“Ni esta orden ni la medida cautelar complementaria que la acompaña requieren que el DHS (el Departamento de Seguridad Nacional) o el Departamento de Justicia tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA, aplicantes o cualquier individuo que de otra manera no se tomaría”, aclaró el juez al final de su decisión.
En la demanda que dio lugar a este fallo, Texas y otros ocho estados pidieron que se detuviera el programa y argumentaron que el expresidente Barack Obama — quien creó el programa por orden ejecutiva — no tenía la autoridad para hacerlo.
Hanen declaró que DACA es ilegal y que la norma violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige cómo las agencias pueden hacer regulaciones. El gobierno de Biden apeló la decisión del juez en julio de 2021.
En octubre de 2022, La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. ratificó la sentencia de Hanen de 2021 contra DACA, pero le pidió a la corte que revisara la nueva normativa publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión del 13 de septiembre sigue a esa sentencia.
En respuesta a la decisión de octubre de 2022, el obispo Mario E. Dorsonville, entonces presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., emitió una declaración calificando el desarrollo de “preocupante”.
También reafirmó “solidaridad con los Dreamers de este país cuyas vidas y futuros una vez más penden de un hilo”.
“Le pedimos al Congreso, republicanos y demócratas por igual, que proporcionen una solución permanente para todos los Dreamers por respeto a la dignidad que Dios les ha dado”, dijo. “Hasta que tengamos esa solución, cada nuevo desafío al programa DACA crea más incertidumbre y angustia para cientos de miles de personas y sus familias”.
“Los soñadores son miembros integrales de nuestras comunidades”, continuó. “Para muchos, Estados Unidos es el único hogar que conocen. Pero a pesar de sus contribuciones diarias al bienestar de nuestra nación, los Dreamers no gozan de las mismas libertades que sus vecinos nacidos en el país. Esta es una grave injusticia impropia de una sociedad moral, y debe remediarse sin más demora”.
Se espera que la sentencia del 13 de septiembre sea apelada, lo que ya fue indicado por uno de los representantes de los dreamers en este caso. También se espera que, en última instancia, este caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que supondría la tercera vez que el destino de DACA se somete al alto tribunal.
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