Para compensar todos los reclamos de abuso: la Arquidiócesis considera reorganización

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En un mensaje del 5 de septiembre a los miembros de la Arquidiócesis de Baltimore, el Arzobispo William E. Lori dijo que, a la luz de la entrada en vigor, el 1 de octubre, de una nueva ley en Maryland que elimina la prescripción para demandas civiles surgidas de acusaciones de abuso sexual infantil, la arquidiócesis estaba sopesando sus opciones para responder a posibles demandas.

La Ley de Víctimas Infantiles, aprobada por la Asamblea General de Maryland a principios de este año, eliminó la prescripción para demandas que, anteriormente, estaban prohibidas debido a que el caso ocurrió hace décadas. La ley también limita los daños contra instituciones públicas como escuelas públicas a 890.000 dólares por reclamante por lesiones que surjan de un incidente o suceso; las indemnizaciones no económicas concedidas a un solo demandante contra individuos o instituciones privadas como iglesias tienen un límite de 1,5 millones de dólares por acusado.

El Arzobispo Lori dijo que la arquidiócesis tiene varias opciones para hacer frente a la cantidad de casos que se espera que se presenten en octubre, incluyendo: impugnar la constitucionalidad de la ley, litigar cada caso por separado, resolver los casos o reorganizarse bajo el Capítulo 11 del código federal de quiebras.

“Litigarlos individualmente conduciría potencialmente a indemnizaciones por daños muy altas para un número muy pequeño de víctimas-sobrevivientes, mientras que no dejaría casi nada para la gran mayoría de ellos. La arquidiócesis simplemente no tiene recursos ilimitados para satisfacer tales reclamaciones; sus activos son limitados”, dijo el Arzobispo. En su mensaje, el Arzobispo dijo que tiene dos objetivos generales mientras la arquidiócesis considera su respuesta: “la sanación de las víctimas-sobrevivientes que han sufrido tan profundamente por las acciones de algunos ministros de la iglesia” y “la continuación y promoción de los muchos ministerios de la arquidiócesis que satisfacen las necesidades espirituales, educativas y sociales de innumerables personas, católicas y no católicas, en todo el estado”.

En ese sentido, la reorganización del Capítulo 11, que permite que una institución con o sin fines de lucro continúe operando para cumplir su misión, podría ayudar a la arquidiócesis a satisfacer las necesidades de apoyo a las víctimas mientras continúa con sus ministerios, incluido el apoyo a parroquias, escuelas y obras caritativas. Esto difiere de una bancarrota del Capítulo 7, en la que se cierra una entidad y se venden todos sus activos para satisfacer a los acreedores.

“En este tipo de reorganización (Capítulo 11), se requeriría que la arquidiócesis proporcione recursos que se utilizarían para compensar a las víctimas-sobrevivientes y, al mismo tiempo, garantizar que nuestra misión pueda continuar”, dijo el Arzobispo Lori.

El Arzobispo dijo que planea priorizar ambos objetivos. “No creemos que ellos sean mutuamente excluyentes. Es esencial que la arquidiócesis busque la mejor solución posible para alcanzar ambas metas”.

Si la arquidiócesis solicita la reorganización del Capítulo 11, los activos separados y restringidos, incluido el plan de jubilación/pensión para los empleados; fideicomisos de seguros para beneficios de atención médica para empleados; la Fundación Comunitaria Católica, que incluye donaciones y fondos asesorados por donantes; el Fondo de Préstamos Inter parroquiales; y Caridades Católicas – no estarían disponibles para la arquidiócesis para cubrir reclamos de abuso infantil.

Kim Montgomery, Directora de Avance de la arquidiócesis, dijo a los donantes en un mensaje del 15 de septiembre: “Si la arquidiócesis se acogiera a la reorganización por bancarrota del Capítulo 11, sus donaciones restringidas no podrían usarse para cubrir los costos legales. Además, otras entidades separadas, como parroquias, escuelas y la Fundación Comunitaria Católica Inc., no están contemplando declararse en quiebra. Si la arquidiócesis solicita una reorganización, utilizaría sólo sus activos no restringidos para satisfacer las reclamaciones y pagar diversos costos”. Aunque muchos estados han aprobado leyes que crean “ventanas retrospectivas” que permiten a las víctimas presentar demandas civiles en un período finito, generalmente de uno a tres años, Marie T. Reilly, experta en derecho de quiebras y profesora de Derecho de Penn State en la Universidad de Penn State, dijo

que Maryland y Vermont pueden ser los únicos estados que permiten un tiempo ilimitado para presentar reclamaciones.

Reilly, quien ha realizado una extensa investigación sobre las quiebras diocesanas, dijo que las diócesis eligen la reorganización del Capítulo 11 debido al volumen de reclamos y los costos en tiempo y dinero, así como “la desviación de la misión durante años mientras estos casos se abren camino a través de los tribunales estatales” – para llegar a un acuerdo litigado o negociado con cada demandante.

En lugar de abordar cada caso según los méritos o la resolución de cada reclamo, la reorganización es una especie de “procesamiento por lotes de todas las demandas”, dijo.

“Todo aquel que tenga un reclamo o que haya podido hacer valer un reclamo a la fecha de presentación de la petición es tratado como acreedor en este caso de quiebra, y todos están representados por un comité de acreedores. Y el comité de acreedores tiene una responsabilidad fiduciaria con todos”, dijo Reilly.

La investigadora señaló que, con los litigios, algunos de los que presentan una demanda anticipadamente o cuyos casos llegan primero a los tribunales pueden obtener una mayor compensación.

Aunque esto podría ser decepcionante para algunos de los primeros, que reciben una cantidad menor de la que podrían haber recibido como demandantes, la reorganización puede hacer que el grupo de acreedores en su conjunto esté en mejor situación que si se arriesgaran fuera de la quiebra., dijo Reilly.

Sin embargo, una mujer que trabaja extensamente con víctimas-sobrevivientes de abuso por parte del clero dijo que el litigio individual de los casos puede ayudar a quienes resultaron perjudicados. Sara Larson, directora ejecutiva de Awake Milwaukee, una organización católica de base sin fines de lucro con sede en Wisconsin que aborda los abusos en la iglesia, dijo que la mayoría de los sobrevivientes buscan dos componentes en tales casos: una compensación financiera y el reconocimiento de su dolor.

Señaló que el final del capítulo 12 de la Primera Carta de Pablo a los Corintios dice que, si una parte del cuerpo sufre, todas las partes sufren con ella. “Tengo la convicción de que nosotros, como miembros del Cuerpo de Cristo, debemos prestar atención al sufrimiento de todas las partes”, dijo, “y aquellos que han sido abusados por líderes

católicos a menudo son marginados y descuidados por quienes estamos en la iglesia. … Todos debemos ser parte de la labor por la justicia, la rendición de cuentas y la sanación”.

Larson dijo: “A menudo digo que las consecuencias del abuso duran toda la vida, por lo que nuestra atención también debería durar”.

Durante décadas, la Arquidiócesis de Baltimore ha tenido una política de tolerancia cero con respecto a los acusados de abuso. La arquidiócesis también ofrece pagar el asesoramiento de un terapeuta de elección de la víctima-sobreviviente (siempre que le sea útil) y, a menudo, incluye a sus familias. Desde principios de la década de 1980, la arquidiócesis ha pagado más de $13,2 millones a 301 víctimas-sobrevivientes para asesoramiento y pagos directos.

Desde 2007, la arquidiócesis también ha ofrecido un programa de mediación financiera supervisado por un juez no católico para los sobrevivientes que solicitaron una compensación monetaria en lugar de asesoramiento, lo que resultó en 105 acuerdos por un total de $6,8 millones.

El diácono David Roling, que sirve en la parroquia St. Joseph en Odenton y es abogado defensor en negligencia médica, dijo que en los casos que él maneja en Maryland, los tribunales han tratado de pasar los casos desde el momento en que son presentados hasta el momento del juicio en aproximadamente 18 meses, a veces menos.

Sin embargo, dijo, intentar litigar la cantidad de casos que la arquidiócesis y otras instituciones privadas en el estado podrían enfrentar significaría que los casos tomarían mucho más de 18 meses en resolverse, porque no es solo un caso el que necesita investigación.

El diácono Roling, ordenado en 2013, se ha especializado en negligencia médica, problemas de productos y defensa de seguros para Wharton & Levin en Annapolis desde finales de los años 1980.

“Es necesario hacer algo (por las víctimas-sobrevivientes) y no tengo ningún problema con eso. Pero básicamente decirle a una iglesia, que hace tanto bien, que la vamos a sacar de su actividad no tiene sentido.”

“Entonces, en mi opinión, el Capítulo 11 es la manera perfecta de permitir que la iglesia continúe adelante con todo el bien que hace, que creo que supera cualquier maldad, la mayor parte de la cual es muy antigua”, dijo.

Reilly, de la facultad de derecho de Penn State, dijo que litigar o resolver reclamos individuales fuera de una reorganización por quiebra no proporciona la finalidad que la diócesis pudiera buscar. Esto puede disponerse en lo que los tribunales llaman un mandato judicial de canalización en el proceso de reorganización.

En general, la mayoría de las parroquias y escuelas pueden ser incluidas en la orden judicial de canalización si contribuyen al acuerdo, de modo que no enfrenten demandas en el futuro por reclamos pasados. “Una vez que se confirma el plan de quiebra y se crea el fideicomiso, todos los acreedores, todos los demandantes de abuso sexual que tenían un reclamo en el momento de la petición de quiebra, o que podrían haber tenido un reclamo debido a daños sufridos en el pasado, son canalizados permanentemente y para siempre al fideicomiso”, dijo.

“En el momento en que se presenta la petición de quiebra, se separa el mundo en dos partes: el período previo a la petición y el período posterior a la petición, por lo que las personas que resultasen perjudicadas después de la petición no se ven penalizadas por la quiebra. Sus derechos no se ven afectados. No estarán sujetos a ninguna orden judicial de canalización”, dijo Reilly.

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