Vaticano pide una distribución equitativa de la vacuna COVID-19

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La Comisión Vaticana COVID-19 y la Pontificia Academia para la Vida emitieron una declaración conjunta, pidiendo un esfuerzo internacional coordinado para garantizar la distribución equitativa de las vacunas COVID-19 en todo el mundo.

El documento destaca el “rol fundamental de las vacunas para vencer la pandemia, no solo para la salud personal individual sino para proteger la salud de todos”, señaló el Vaticano el 29 de diciembre en un comunicado que acompañaba al documento.

“La Comisión Vaticana y la Pontificia Academia para la Vida recuerdan a los líderes mundiales que las vacunas deben ser proporcionadas a todos de manera justa y equitativa, dando prioridad a los más necesitados”, expresó el Vaticano.

La pandemia ha exacerbado “una triple amenaza de crisis simultáneas e interconectadas en el ámbito sanitario, económico y ecológico-social, que está afectando de manera desproporcionada a los pobres y vulnerables”, dice el documento. “A medida que avanzamos hacia una recuperación justa, debemos asegurarnos de que las curas inmediatas para estas crisis se conviertan en peldaños hacia una sociedad más justa, con un conjunto de sistemas inclusivos e interdependientes”.

El papa Francisco estableció la Comisión Vaticana COVID-19 en abril con el objetivo de expresar “la preocupación y el amor de la iglesia por toda la familia humana frente a la pandemia de COVID-19”.

Dirigida por el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, la comisión tiene la tarea de colaborar con otras oficinas del Vaticano para coordinar su trabajo, incluyendo “un análisis y una reflexión sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro y las pautas propuestas para abordarlos”.

El cardenal Turkson declaró que, si bien el Vaticano está agradecido por el rápido desarrollo de la vacuna por parte de la comunidad científica, “ahora depende de nosotros asegurarnos de que esté disponible para todos, especialmente para los más vulnerables”.

“Es una cuestión de justicia”, expresó. “Este es el momento de demostrar que somos una sola familia humana”.

El arzobispo Vincenzo Paglia, director de la Pontificia Academia para la Vida, dijo que su oficina está trabajando con la comisión para abordar los problemas éticos relacionados con el desarrollo y la distribución de las vacunas.

El documento conjunto reiteró los puntos planteados el 21 de diciembre por la Congregación para la Doctrina de la Fe con respecto a las implicaciones morales de recibir vacunas COVID-19 que fueron desarrolladas o testeadas utilizando líneas celulares originadas de fetos abortados.

También citó la instrucción de la congregación de 2008, “Dignitas Personae”, que establece que “las razones graves pueden ser moralmente proporcionadas para justificar el uso de dicho material biológico”.

La Pontificia Academia para la Vida, señala el documento, también ha abordado el tema del desarrollo de vacunas utilizando tejido de fetos abortados; si bien pidió un “compromiso para asegurar que toda vacuna no tenga conexión en su preparación con ningún material proveniente de un aborto”, también dijo que “se reitera la responsabilidad moral de ser vacunado para evitar graves riesgos para la salud de los niños y la población general”.

El nuevo documento emitió una serie de objetivos, particularmente en torno a hacer que las vacunas “estén disponibles y accesibles para todos”.

Parte de ese proceso, según dice el documento, sería considerar cómo recompensar a quienes desarrollaron la vacuna y reembolsar “los costos de investigación y los riesgos que las empresas han asumido”, y que, al mismo tiempo, se reconozca la vacuna “como un bien al que todos deberían tener acceso, sin discriminación.”

El documento citaba al papa Francisco, quien dijo en su mensaje de Navidad que la humanidad no podía permitir que “el virus del individualismo radical se apoderara de nosotros y nos hiciera indiferentes al sufrimiento de otros hermanos y hermanas”, ni podía permitir que “la ley del mercado y las patentes tuvieran prioridad sobre la ley del amor y la salud de la humanidad”.

El dicasterio y la academia expusieron que un enfoque exclusivo en las ganancias y el comercio “no es éticamente aceptable en el campo de la medicina y el cuidado de la salud”.

“Las inversiones en el campo médico deben encontrar su significado más profundo en la solidaridad humana. Para que esto suceda, debemos identificar sistemas apropiados que favorezcan la transparencia y la cooperación, más que el antagonismo y la competencia”, dice el documento. “Por tanto, es vital superar la lógica del ‘nacionalismo de las vacunas’, entendido como un intento de varios estados de poseer la vacuna en plazos más rápidos como una forma de prestigio y ventaja, procurando la cantidad necesaria para sus habitantes”.

El documento del Vaticano pidió la negociación de acuerdos internacionales para gestionar las patentes de vacunas “para facilitar el acceso universal a la vacuna y evitar posibles interrupciones comerciales, y en particular para mantener el precio estable en el futuro”.

Dicho acuerdo, expresaba el documento, permitiría a los gobiernos y las empresas farmacéuticas colaborar en la producción industrial de la vacuna simultáneamente en diferentes partes del mundo, asegurando un acceso más rápido y rentable en todas partes.

La Comisión Vaticana COVID-19 y la Pontificia Academia para la Vida también pidieron campañas generalizadas para educar a las personas sobre la “responsabilidad moral” de vacunarse.

Debido a la “estrecha interdependencia” entre la salud personal y pública, la comisión y la academia pontificia advirtieron que negarse a tomar la vacuna “también puede constituir un riesgo para los demás”.

Dada la ausencia de una vacuna alternativa que no se desarrolle ni se pruebe con “los resultados de un aborto voluntario”, el documento enfatizó que las vacunas actualmente disponibles son “moralmente aceptables” y que las objeciones morales que uno puede usar para rechazar la vacunación “no son vinculantes”.

“Por esta razón, tal negativa podría aumentar seriamente los riesgos para la salud pública”, especialmente cuando algunas personas, como las que están inmunodeprimidas, “solo pueden confiar en la cobertura de vacunación de otras personas (y la inmunidad colectiva) para evitar el riesgo de infección”, decía el documento. Como resultado, un aumento de infecciones incrementaría las hospitalizaciones, “con la consiguiente sobrecarga de los sistemas de salud, hasta un posible colapso, como ha ocurrido en varios países durante esta pandemia”.