WASHINGTON (OSV News) — La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. emitió una decisión a finales del 19 de marzo, bloqueando una vez más a Texas en la aplicación de su controvertida ley que convierte cruzar la frontera sin autorización en delito estatal y que hubiera permitido que agentes policiales de Texas arresten a personas sospechosas de entrar al país de manera irregular.
Ese mismo día, una Corte Suprema dividida levantó la suspensión temporal de la ley y devolvió la decisión al tribunal federal de apelaciones, lo que permitió brevemente al estado aplicar la ley mientras el litigio seguía su curso.
Los jueces de la Corte que estaban en la mayoría no ofrecieron una justificación de su decisión, que fue aprobada 6-3, pero la jueza Amy Coney Barrett dijo en una opinión concurrente que el Quinto Circuito debería emitir una decisión formal antes de que el alto tribunal intervenga más.
Las organizaciones católicas se han opuesto a la legislación, conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado (SB 4 por sus siglas en inglés). La Conferencia Católica de los Obispos de Texas había declarado previamente que esta propuesta podría tener “consecuencias mortales para los migrantes inocentes”.
En una declaración del 19 de marzo sobre la decisión de la corte que permitía la entrada en vigor de la ley, el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, dijo: “Estamos en un momento urgente y desafiante en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas vulnerables en movimiento”.
“Los recientes acontecimientos en El Paso, así como en todo el país también plantean el espectro de la criminalización de la ayuda humanitaria a los migrantes y las preocupantes amenazas a las libertades religiosas consagradas en la Primera Enmienda”, dijo el obispo Seitz en el comunicado, publicado en español e inglés.
“Estas realidades nos llaman a reflexionar en oración y a considerar las exigencias de una fe que nos llama a respetar la dignidad inalienable de todo ser humano, así como el imperativo de reimaginar formas de colaborar eficazmente para construir una sociedad que acoja, proteja, integre y promueva a nuestras hermanas y hermanos que emigran, y hacerlo junto con ellos”.
La ley SB 4 todavía se enfrenta a desafíos legales.
Un juez de distrito solicitó bloquear temporalmente la ley el 29 de febrero, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. emitió una suspensión administrativa de esa orden, permitiendo que la ley siguiera adelante hasta que pudiera escuchar la apelación. Sin embargo, el juez Samuel Alito puso la orden del tribunal de apelaciones en pausa el 4 de marzo, para que la Corte Suprema pudiera considerar las solicitudes de emergencia de la administración Biden y los grupos de derechos de los migrantes para bloquear la aplicación de la SB 4 en medio de los litigios en curso.
La Corte Suprema levantó esa pausa el 19 de marzo. La jueza Barret indicó que el Quinto Circuito debería ser “el primero en actuar” en el proceso antes de que el máximo tribunal intervenga en su sumario de urgencia. La concurrencia de Barrett indicaba que si el tribunal federal de apelaciones no actuaba “pronto” el gobierno de Biden podría volver al alto tribunal.
Horas más tarde, un panel del 5º Circuito, en una decisión de 2-1, volvió a poner en pausa la ley de Texas antes de que se presentaran los alegatos del caso.
La ley federal ya prohíbe entrar en Estados Unidos sin autorización, y la mayoría de las partes de una ley similar de Arizona de 2010 fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema. Grupos de defensa de los migrantes en Texas presentaron una demanda sobre la ley antes de la impugnación del Departamento de Justicia.
Otros jueces de la Corte Suprema indicaron su preocupación por que la ley de Texas creara trastornos si se permitía su implementación. La jueza Sonia Sotomayor, criticó la decisión de la mayoría de los jueces de levantar la suspensión de la entrada en vigor de SB4, diciendo la orden “invita a un mayor caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”, al trastocar “el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido la autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de los no ciudadanos”.
“Ahora, Texas puede aplicar inmediatamente su propia ley imponiendo responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exigiendo su expulsión a México”, escribió Sotomayor. “Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación activa, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y vigilar las amenazas inminentes a la seguridad, y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar el abuso o el tráfico”.
El 3 de enero, el Departamento de Justicia demandó a Texas por la ley SB 4, que otorga a las fuerzas de seguridad locales la facultad de arrestar y detener a inmigrantes sospechosos de carecer de autorización legal para estar en EE.UU. La legislación prohíbe tales detenciones en escuelas, lugares de culto, centros de atención sanitaria o centros designados SAFE-Ready, que el Estado gestiona para quienes han sufrido agresiones sexuales.
Los partidarios de esta ley sostienen que disuadirá de la entrada no autorizada en el estado al facultar a sus propias fuerzas del orden, mientras que los detractores sostienen que la ley es inconstitucional e inhumana, al inmiscuirse en un poder reservado a las autoridades federales.
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